Luego de la aprobación de la Ley de la Reconstrucción, el Estado peruano debe poner énfasis en la inversión pública para contar con una infraestructura acorde con las necesidades de los ciudadanos.

Por Carlos Hakansson. 02 mayo, 2017.

Las dramáticas consecuencias del llamado “Niño costero” ha puesto en orden la agenda nacional del gobierno. El Estado peruano debe poner énfasis en la inversión pública para contar con una infraestructura acorde con las necesidades de los ciudadanos: hospitales, colegios, postas médicas, carreteras, autopistas, veredas, comisarias, puentes, diques, represas, llevar agua, luz, desagües, una tarea previa antes de pretender ser miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La reciente aprobación por el Congreso de la Ley de reconstrucción con cambios tendrá una exitosa aplicación si es capaz de lograr, sin políticas populistas, impulsar en los próximos cuatro años las líneas básicas que reduzca la brecha de infraestructura que nos distancia de otros países limítrofes.

El problema se hace más agudo si comparamos las palpables diferencias entre el desarrollo de Lima, de crecimiento desordenado y deficiente que no abastece agua en toda la capital, con el estado de retraso del resto de provincias. El reto será poder articular las relaciones entre el gobierno central, regional y local, para poder emprender las tareas de reconstrucción, además de la capacidad logística necesaria para poder actuar en simultáneo en las regiones del norte que han sido afectadas por las lluvias e inundaciones.

La odisea que supone transitar el camino a la reconstrucción con cambios puede significar que las instituciones del Estado se ocupen de los temas que debe debatir y resolver el ejercicio de la política; salud, educación, caminos, mega construcciones, que los ciudadanos deben reclamar a sus autoridades electas que administran nuestros tributos.